Mujeres defensoras se enfrentan a contextos de violencia y falta de justicia frente a grupos afines al gobierno y sector privado que buscan imponer proyectos extractivos que afectan sus territorios, el medio ambiente y la vida. Es obligación del Estado de Bolivia velar por su seguridad y garantizar su protección.
En 2022 se firmó el Acuerdo de Escazú, que vela por la justicia y derechos para los defensores, sin embargo, son los intereses privados y del propio Gobierno que prevalecen por sobre el bienestar de la población. ¿Qué o quienes los protegen?
Compartimos el Informe Defensoras, una sistematización que resume las amenazas y riesgos a las que se exponen las protagonistas de las diferentes resistencias frente al extractivismos en Bolivia. ¡Libre descarga!
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