Virginia Ayllón[1]
A la memoria de Rossana
Brinati
[1] Bibliotecaria. E-mail: virginiaaillon@gmail.com
Me han solicitado elaborar una ponencia sobre el aporte de las bibliotecas y los bibliotecarios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, formulados por la ONU como agenda de la humanidad desde 2015 y hasta 2030.
Para responder a la solicitud he acudido al texto de la IFLA (s.f.) sobre la contribución de las bibliotecas a la Agenda 2030. Pero debido a que me han pedido esta ponencia en medio del fuego, el que incendia nuestra Chiquitanía, he detenido mi lectura en los ODS referidos al medio ambiente, esperando encontrar ejemplos de cómo relacionar el quehacer bibliotecario con la lucha por el medio ambiente.
Así, me centré en el Objetivo 2 que es el de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Me emocioné al leer el título de este objetivo porque para entonces ya aparecieron voces que argumentaban que el desmonte era necesario para la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición en el país. A esas alturas la incongruencia entre el objetivo 2 de la agenda de desarrollo sostenible y lo que cada vez más latía como acre dolor se acrecentaba. Es decir, ¿se trata de lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición a costa de los bosques? Porque ese era el argumento levantado por el Estado, industriales ganaderos y los llamados “interculturales”[1].
Como bibliotecaria, es decir, como lectora, busqué información y la respuesta es horrorosa. Por ejemplo, que
en el municipio de San Rafael de Velasco existían en el 2004 alrededor de 16 comunidades y hoy se registran más de 80, de las cuales la mayoría son de colonización reciente. Igualmente, en el municipio de San Miguel de Velasco existían unas 34 comunidades indígenas y hoy, como resultado de la colonización, se registran más de 100 (FCBC, 2019).
Es claro que estas nuevas “comunidades” habilitarán tierras para la agricultura a costa del bosque Chiquitano, lo mismo que los empresarios ganaderos y soyeros, quienes se han sumado al proyecto gubernamental de desarrollo a través de la exportación de carne vacuna y soya. Este proyecto gubernamental está muy claro en el Decreto Supremo 3973 y especialmente la Ley Nº 741 que legaliza la ampliación de la frontera agrícola, y que fue aprobada el mismo año en que la ONU formulaba estos ODS.
Arribada a este punto de la información, retorné al documento de la IFLA para conocer la experiencia bibliotecaria que destacaba como aporte al cumplimiento de este segundo ODS.
La IFLA acude a la experiencia de Biblionet de Rumania, la que, según la IFLA ayudó, entre 2011 y 2014 a 100 000 agricultores “a aprender cómo usar la tecnología en las bibliotecas para acceder a los formularios financieros [de subsidios] y presentarlos al gobierno, ahorrando tiempo y dinero”. Es decir que el apoyo que podemos dar los bibliotecarios al objetivo de la seguridad alimentaria se ejemplifica con una red que ayuda a los campesinos a llenar formularios electrónicos. En el sitio web de esta red rumana[2] se informa que transformó más de 2,200 bibliotecas en “centros innovadores para el acceso a servicios, información y tecnología”. Asimismo, que es una red financiada por la Fundación Bill & Melinda Gates y que cuenta con la participación de la Asociación Rumana de Bibliotecarios y el Ministerio de Cultura de Rumania.
Dado que no me quedaba claro el ejemplo de la IFLA, y que, como bibliotecaria, en primer lugar, soy curiosa lectora, busqué información sobre la situación ambiental en Rumania y me encontré con que este país es un ejemplo de expansión de la frontera petrolera y energética, mediante la explotación de gas y petróleo no convencional, con la tan cuestionada metodología extractivista de la fractura hidráulica o fracking. Si bien la presión de los activistas medioambientales logró una moratoria de ese tipo de dañina explotación, Rumania no respetó la moratoria y el gobierno concedió permisos de exploración a multinacionales (Swampa, 2016).
Con toda esta información, me dije que se puede hablar del apoyo bibliotecario a la lucha por el medio ambiente, de una forma muy romántica, como si el conflicto quedara fuera de nuestros anaqueles y las estadísticas de usuarios fueran suficientes para justificar nuestra profesión. Sin duda, la incongruencia se hacía más grande y me llamó la atención que los términos extractivismo, ampliación de la frontera y permisos de exploración se repetían en Rumania como ahora en Bolivia.
Bien, volviendo a la IFLA y dado que en este documento de los ODS no hay ningún ejemplo sobre Bolivia, busqué otros relacionados, y en otro anterior, en el que IFLA destaca experiencias bibliotecarias para los Objetivos del Milenio, encontré que en el Objetivo 2, referido al acceso universal a la educación primaria, destacaba la experiencia de 8 bibliotecas escolares rurales en Morado K’asa, Presto, Patacon, Sopachuy Tarabuco, Tomina, Villa Serrano y Yamparaéz, del departamento de Chuquisaca, financiadas por la Fundación Riecken.
A estas alturas, estaba claro para mí que se puede hablar de una bibliotecología neutra o, más bien, se puede convertir en neutra la experiencia bibliotecaria. No es que la experiencia de Rumania o la de Chuquisaca no sean valiosas, pero destacadas de ese modo, le quitan a la actividad bibliotecaria su relación con la sociedad. No otra cosa puedo concluir de una lectura que pone a las bibliotecas al otro extremo de la realidad, alejadas de su país y sus pobladores. La imagen que emerge es de un mundo bibliotecario extraño, exótico y foráneo.
Y es que si extractivismo, ampliación de la frontera y permisos de exploración, están por fuera de las bibliotecas, no nos pueden ser ajenas en este panorama dos experiencias eminentemente bibliotecarias y que nos ligan insoslayablemente con extractivismo, ampliación de la frontera y permisos de exploración. Me refiero al CEDIB y al CEDLA.
Es decir, si los bibliotecarios podemos “hacernos a un lado” de estos problemas y decir que no nos tocan, que no podemos hacer nada desde nuestras bibliotecas sobre el incendio en la Chuquitanía, que es un tema de bomberos, del Estado y de la política y los políticos, no hay argumento que nos libere de decir algo sobre el CEDIB y el centro de documentación del CEDLA.
Recordemos que el Centro de Información Bolivia, CEDIB fue creado en los años 80 en Cochabamba con el objetivo de ser un centro de información, precisamente sobre el medio ambiente y desde entonces ha generado uno de los mayores archivos hemerográficos del país. En la misma época, el Centro de Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, se creó como un centro de investigación y durante su historia creó una de las experiencias más importantes de centro de documentación en Bolivia, casi el único que cumplía el objetivo de análisis de la información.
Pues bien, el 2015, estas dos instituciones fueron motivo de ataque del estado (y lamentablemente de la UMSS en el caso del CEDIB) y estuvieron a punto de ser cerradas, de no ser por el apoyo ciudadano y de intelectuales de todo el mundo[3]. Puedo estar equivocada, pero no recuerdo ninguna acción de los bibliotecarios para evitar el cierre de estas dos instituciones informativas, cuando menos del CEDIB.
Abro hoy día el sitio de CEDIB (cedib.org) y lo primero que ofrece es un mapa del incendio en la Chiquitanía, abro el del CEDLA (cedla.org) y lo primero que ofrece es información sobre la explotación minera en Bolivia. Y es que el pecado de estas dos instituciones fue y es ponerse “del otro lado”, del lado de las bibliotecas no neutrales, del lado de las que ofrecen información especializada y analizada, de las que creen en el acceso libre a la información.
Los ataques (Puente, 2016) y casi cierre de estas dos instituciones de información, que fueron calificadas de “derechistas” por el gobierno, se relacionan directamente con el desarrollo, que es el tema de los ODS. Pero es más propio decir que se relacionan con la interpelación a una visión que iguala la destrucción de la naturaleza con el desarrollo, tanto en Bolivia como en Rumania, como ya vimos.
En nuestro país, esta concepción del desarrollo se hizo clara con la lamentable intervención a la VIII marcha indígena en oposición a la construcción de una carretera por medio del TIPNIS. Las acciones informativas del CEDIB y el CEDLA, en esa ocasión, y luego sobre los efectos ambientales de la explotación de las cooperativas mineras, fueron los detonadores de las acciones contra estos servicios informativos.
E independientemente de la opción política que cada uno de nosotros y nosotras tengamos, estamos ante un hecho de negación de acceso a la información. Los bibliotecarios que, entre otras cosas estudiamos la censura a la información, sabemos que la democracia se alimenta del libre acceso a la información y, por el contrario, la censura a la información es un índice de la falta de democracia. A veces hablamos muy fácilmente del derecho al acceso a la información y olvidamos estas experiencias.
Este olvido tiene que ver con una concepción neutra de la acción bibliotecaria que se centra en los procesos técnicos, la tecnología, la gestión de unidades informativas (Civallero, 2013) y las políticas públicas, creando un cerco en que el bibliotecario queda encerrado entre los protocolos bibliotecológicos y el Estado. Lo que queda al margen de esta concepción es la sociedad en su conjunto y, sobre todo, experiencias de bibliotecas y bibliotecarios y bibliotecarias que resaltan su función social. Pero queda de lado, además, el carácter de ciudadano de los bibliotecarios, profesionales o no, que no ejercen su derecho al pensamiento.
Pero esta acepción de la bibliotecología neutra, creo que lamentablemente es la hegemónica en el mundo global y el documento de los ODS de IFLA así lo demuestra. Sin embargo y posiblemente porque estamos cerca de los soportes del pensamiento y cerca de los ciudadanos y ciudadanas, existe otra forma de percibir y ejercer la bibliotecología.
Se ha venido en llamar bibliotecología progresista, nueva bibliotecología o bibliotecología social a la que con base en el concepto de “bibliotecología progresiva”, desarrollado en Estados Unidos en la década de los 30, se centra en el impacto de la información en la sociedad, tomando, para el caso, elementos de la sociología y los estudios culturales (Pérez, 2011; Aguirre, 2006). Es un concepto actualmente en construcción, con importante desarrollo en Argentina y México (Civallero, 2013, Aguirre, 2016).
Esta bibliotecología rescata al bibliotecario del cerco de unos pocos procesos y técnicas y centra su objetivo en el pensamiento crítico del bibliotecario que es, además, el único campo en el que las tecnologías no podrán remplazarnos. Nos libera de tener como único espacio el mostrador en el que recibimos solicitudes y entregamos libros codificados y nos permite reflexionar sobre todo el quehacer bibliotecario. Todo puede y debe ser reflexionado. Por ejemplo, una cosa es indizar con ayuda de un thesauro y otra es cuestionar los términos racistas, xenófobos o sexistas de ese thesauro. Una acción subsecuente sería, además, denunciar ese instrumento de indización o proponer otro alternativo. Una cosa es recortar, pegar, organizar y digitalizar noticias sobre el TIPNIS, la minería o el incendio en nuestra Chiquitanía; otra es analizar esa información.
Es decir, se trata de volcar los valores, poniéndonos, además, como actores. En ese sentido, la periodista y activista Naomi Klein, en un discurso en la Conferencia Conjunta de la Asociación Americana de Bibliotecas y la Asociación de Bibliotecas Canadienses, titulada “¿Por qué ser bibliotecario es una opción radical?”, afirmaba que los valores bibliotecarios en un mundo de preeminencia extractivista son: i) Conocimiento (en oposición a la simple recopilación de información), ii) Espacio público (en oposición al espacio comercial o privado) y, iii) Compartir (en lugar de comprar y vender).
Estos valores son radicales porque cambian la visión de nuestro quehacer. Por ejemplo, el del conocimiento como opuesto a la simple recopilación de información, nos impele a desarrollar nuestras capacidades de pensamiento crítico; el de privilegiar el espacio público sobre el comercial o privado, nos empuja pensar que las actividades extra bibliotecarias dejen de ser un anexo, un acoplado de nuestras actividades y se conviertan en fundamentales. Finalmente, el de compartir en lugar de comprar y vender nos pone otra vez ante el fin último de nuestras acciones que es el acceso a la información. De ahí, reflexionar sobre el comercio y el precio del libro, el valor o no de la fotocopia, valorar las experiencias cartoneras, y otras, deberían formar parte activa de nuestro desarrollo como bibliotecarios.
La retórica de que esas no son cosas de bibliotecarios y que lo nuestro es el protocolo técnico, es también una forma de autocensura, tal como lo prueban las experiencias del CEDIB y del CEDLA, que nos confirman que nuestro quehacer, cuando es bueno, es peligroso.
Eso es lo que llamamos el poder de la información. Tanto así que al igual que otras profesiones, la bibliotecaria también es motivo de persecución y castigo, como lo prueban los bibliotecarios David Ramirez y Virginia Simon (2018), colombiano el primero y argentina la segunda, quienes han documentado la persecución y criminalización en cuatro casos internacionales, por la defensa del acceso a la información, por parte de empresas que se supone tienen ese objetivo, como las bases académicas JStore y Elsevier. Estos autores llaman a los bibliotecarios a “pensar sobre el papel depredador de los grandes sistemas de publicación, que en cada situación defienden los intereses industriales sobre los intereses de los autores como individuos, instituciones educativas y lectores”.
Como se advierte, una cosa es mirar la tecnología como un objetivo para mejorar los procesos técnicos, y otra es considerarla también como motivo de reflexión a la luz del acceso a la información. Porque como bien concluyen estos autores, “Si los profesionales en ciencias de la información estamos informados por el pensamiento crítico sobre la construcción de ciudadanía, no hay nada mejor que enseñar con el ejemplo”, o, en otras palabras, si creemos en el acceso a la información como parte del ejercicio de los derechos ciudadanos, enseñemos con el ejemplo.
Creo que los casos del CEDIB y el CEDLA son ejemplos de una bibliotecología comprometida, no solo por los temas que atienden, sino por la actitud, evidentemente comprometida con el acceso a la información y con el trabajo del bibliotecario que es digno cuando deja de ser solo y exclusivamente técnico y ejerce su derecho a la reflexión y el pensamiento propios.
He dedicado esta ponencia a la memoria de Rossana Brinati, bibliotecaria que nos ha dejado recientemente y que, para orgullo de todos y todas nosotras ha organizado el centro de documentación del CEDLA, uno que no solo tenía bien organizado, catalogado, clasificado, indizado y digitalizado su fondo, sino también analizado.
Referencias
Aguirre J., J. César. 2006. “El diálogo bibliotecología – sociología para el estudio de la relación bibliotecas y sociedad”. Primer Coloquio de Bibliotecarios de la Biblioteca Vasconcelos, Ciudad de México (México), 21 diciembre.
Bolivia. Estado Plurinacional de. 2019. Decreto Supremo 3973, de 9 de julio 2019, que modifica el Art. 5 del DS 26075 del 2001 y que autoriza el desmonte y las quemas controladas inclusive en tierras de producción forestal permanente (TPFP).
2015. Ley Nº 741 de ampliación del área de desmonte, aprobada el 29 de septiembre de 2015.
Civallero, Edgardo. 2013. “Aproximación a la bibliotecología progresista”. El profesional de la información, (22) 2:155-162.
FCBC, Fundación para la conservación del bosque seco Chiquitano. 2019. Causas y consecuencias de los incendios en la Chiquitanía. En línea: https://muywaso.com/consecuencias-incendios-chiquitania/ (acceso 4/9/19).
IFLA. s.f. a. Acceso y oportunidades para todos: Cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La Haya.
s.f. b. IFLA; IREX; EIFL; Makaia; Civic Regeneration;TASCHA; The Riecken Foundation; READ Global. Beyond Access: Libraries Powering Development. How Public Libraries Contribute Towards Reaching The Millennium Development Goals. s.l.: Bill & Melinda Gates Foundation.
Klein, Naomi. 2003. Why being a librarian is a radical choice. Joint American Library Association/Canadian Library Association Conference, June 24. Dissident voice.
Pérez Moya, F. 2011. “Bibliotecología y estudios culturales: elementos teóricos que posibilitan su vinculación”. Bibliotecas. Anales de Investigación, 7(7): 3-14.
Puente, Rafael. 2016. ¿Por qué tanta bronca contra el CEDIB? Página Siete, 15 diciembre.
Ramirez Ordoñez, David; Simón, Virginia. 2018. Criminalizing Information Providers: the cases of Sharina, Gómez, Elbakyan and Swartz. Progressive Librarian, 146: 120-127
Svampa, Maristella. 2016.
Reconfiguraciones del clivaje Norte/Sur. Una mirada desde la geografía de la
extracción. Alternatives Sud. En
línea: https://www.cetri.be/IMG/pdf/maristella_svampa_46000_esp.pdf
[1] Interculturales: eufemismo aplicado por el Movimiento al Socialismo, MAS, partido político del presidente Evo Morales, para calificar a campesinos de tierras altas que colonizan, con apoyo estatal, áreas indígenas y parques naturales de tierras bajas del país.
[2] Consulta continua en: https://www.irex.org/insight/creating-sustainable-impact-what-weve-learned-romanian-libraries
[3] Carta de la comunidad académica y sociedad civil en apoyo a CEDIB 07/04/2017. En línea: https://cedib.org/post_type_documentos/carta-de-la-comunidad-academica-y-sociedad-civil-en-apoyo-a-cedib/ (acceso 3/9/19).