Han pasado casi 25 años desde la promulgación de la Ley 1333 de Medio Ambiente (abril de 1992) y hasta la fecha su cumplimiento e implementación por las autoridades nacionales, departamentales y municipales es casi nula.
En este escenario, considerando que el Estado, por mandato de la CPE, es el encargado de velar por el derecho de las personas a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, de manera que individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, puedan desarrollarse de manera normal y permanente (Artículo 33 de la CPE), cabe preguntarse, ¿por qué las instancias públicas no priorizan ni asignan suficientes recursos para la gestión ambiental?
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