La ley de Participación Popular, se ha presentado, casi siempre, como un beneficio para los sectores rurales. Al  parecer, se daba por sentado que las ciudades no eran el foco de la política social “pro pobre”. De ahí que se han     destinado esfuerzos y recursos para mejorar la aplicación de la medida en los municipios rurales. De este ámbito  vinieron luego las llamadas experiencias “exitosas” y la mayor parte de estudios se concentraron también allí.

Todo lo contrario sucedió en las ciudades y más específicamente en las capitales de departamento. Casi no hubo estudios y menos esfuerzos ya sean estatales o institucionales para mejorar o monitorear la marcha de la descentralización y la   incorporación de la planificaciónparticipativa en el ámbito local urbano.

Aunque de manera limitada, este número de  VILLA LIBRE trata de subsanar esta falencia, pues se han reunido   diversos trabajos que precisamente dan cuenta sobre la difícil relación entre los gobiernos municipales y las juntas vecinales en la gestión del desarrollo urbano.